Lo que empezó siendo una parcelación irregular donde algunos vecinos tenían una huerta para ocupar su tiempo libre ha acabado convirtiéndose en una urbanización que crece cada día. Hablamos de la zona conocida como la Dehesa Nueva.
Si bien es cierto que dicho fenómeno se viene produciendo desde hace décadas, en los últimos años la zona está registrando un notable crecimiento en cuanto al número de construcciones existentes, y dónde antes predominaban pequeñas casetas para guardar útiles de labranza ahora cada mes aparecen alguna nueva vivienda.
Todo ello, parcelaciones y construcciones no se ajusta al ordenamiento urbanístico, pues el suelo está protegido y no se puede parcelar ni construir como se esta haciendo. Por ello dichas actuaciones no pueden obtener los necesarios permisos municipales para parcelar o construir.
Diferentes administraciones municipales, no han sabido, no han podido y/o no han querido resolver este complejo problema que se va extendiendo silenciosamente cada día por las zonas protegidas de nuestro termino municipal.
Los vecinos de esta zona demandan de forma cíclica que el ayuntamiento preste allí los servicios que tiene en otras zonas urbanas, recogida de basuras, alumbrado público, mantenimiento de viales, etc.
Sin embargo para poder prestar esos servicios la zona debe convertirse en suelo urbano.
Convertir una parcela rústica en un sólar urbano, donde se puedan autorizar parcelaciones y construcciones como las realizadas, requiere primero que la normativa urbanística admita el desarrollo del ámbito y segundo que los propietarios cumplen con una serie de deberes urbanísticos, fundamentalmente ceder la parte de suelo público que establece la legislación y urbanizar correctamente las calles.
Es decir se podrían prestar los servicios urbanos solicitados pero una vez la normativa urbanística municipal admita el desarrollo de la zona y los propietarios cumplan con las cargas urbanísticas.
Entendemos que el desarrollo urbanístico realizado en las zonas más consolidadas del conjunto, con parcelaciones amplias y densidades edificatorias bajas, podría ser compatible con una nueva ordenación de la zona que buscase regularizar la situación actual.
Es decir la situación podría ser regularizada, al menos parcialmente, pero para ello el ayuntamiento deberia adaptar su normativa y los vecinos cumplir con sus obligaciones urbanísticas.
Por otro lado la competencia de la vigilancia urbanística, y por ello la obligación de impedir el desarrollo de actuaciones como está, corresponde totalmente al Ayuntamiento de Algete.
Entendemos por ello que el Ayuntamiento debe iniciar actuaciones para regularizar la situación existente, donde sea posible, e impedir que continúe el desarrollo irregular del ámbito, dónde no lo sea.
Por todo ello proponemos al pleno:
La constitución de una comisión de trabajo, de técnicos del ayuntamiento, grupos políticos y comunidad de vecinos del ámbito para promover la regularización de la situación.
La realización de consultas por parte de los técnicos municipales con Medio Ambiente y Urbanismo de la Comunidad de Madrid para estudiar la viabilidad de la regularización y que procesos administrativos serían necesarios.
La reserva en los presupuestos del próximo año de una partida específica para contratar un informe técnico por parte de un especialista en urbanismo externo sobre la viabilidad, procedimiento y costo previsible para que el Ayuntamiento de Algete adapte su normativa al desarrollo de este ámbito.
El ejercicio por parte de los servicios municipales competentes de las actuaciones necesarias para garantizar que en el ámbito no se realicen más actuaciones que no ajusten a la legalidad vigente.